Una misión humanitaria se había dirigido al sitio de liberación, recibió a los militares, pero minutos después la comunidad se sublevó y los volvió a retener.
La crisis humanitaria en el sur del Meta se agravó este martes, luego de que los dos soldados del Ejército Nacional, liberados hace apenas unas horas en zona rural de San Juan de Lozada —límite entre los departamentos del Meta y Caquetá—, fueran nuevamente secuestrados por personas de la comunidad, presuntamente bajo la presión de grupos armados residuales.
Los militares habían sido entregados en la mañana del martes a un sacerdote, tras días de cautiverio en la vereda Getsemaní, municipio de La Macarena (Meta). Posteriormente, una comisión de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de Estados Americanos (MAPP/OEA) se desplazó hasta el sector para formalizar su traslado hacia las autoridades competentes y verificar su estado de salud.
Sin embargo, cuando la comisión se disponía a salir del área, integrantes de la comunidad interceptaron el vehículo y retuvieron nuevamente a los soldados, desplazándolos unos 22 kilómetros hacia otro punto de la zona rural, según confirmó el Ejército Nacional.
“Una misión humanitaria integrada por MAPP/OEA, ONU y el padre Omar, quien es capellán en la vereda Morrocoy, se desplazaron hasta la vereda Alto Quebradón, donde recibieron a nuestros soldados y muestra de ello nos mandaron una fotografía con ellos. Pero en horas de la tarde, cuando dos vehículos de MAPP/OEA van a recoger a los soldados en el sitio establecido para liberarlos, nos damos cuenta que la población civil vuelve y secuestró a los dos uniformados”, explicó el general Carlos Ernesto Marmolejo Cumbe, comandante de la Fuerza de Tarea Omega del Ejército Nacional.
La institución castrense rechazó esta acción, calificándola como un atentado contra los derechos humanos, la vida y honra de los militares. Asimismo, pidieron que garanticen la vida de los soldados y que los liberen prontamente.
La población civil argumentó que no permitiría la salida de los uniformados hasta que la mesa de diálogo entre el Gobierno Nacional y las comunidades campesinas se traslade al sitio donde permanecen los soldados retenidos.
Los soldados, identificados como Édgar Mina Carabalí y Ángel González Garcés, habían sido secuestrados el pasado lunes 3 de noviembre durante una operación del Ejército Nacional y el CTI de la Fiscalía en zona rural de La Macarena. En medio del operativo se registró una asonada de más de 400 personas, aparentemente instigadas por integrantes de las disidencias de las FARC del bloque Jorge Suárez Briceño.
“Los hechos se presentaron posterior a la extracción aérea de una mujer capturada y del personal del CTI, momento en el cual se registró la concentración de aproximadamente 400 personas, quienes al parecer habrían sido objeto de constreñimiento y coacción por parte de integrantes del grupo armado organizado residual (GAO-r) Bloque Jorge Suárez Briceño. Este grupo de personas retuvo inicialmente a un teniente y tres soldados profesionales. Horas después, la población liberó al oficial y a uno de los soldados, manteniendo en cautiverio a dos uniformados, quienes fueron obligados a despojarse de su dotación y sus prendas militares y a utilizar ropa civil, posteriormente fueron trasladados por la población hacia un lugar desconocido. Su integridad física y vida son motivo de preocupación institucional”, detalló el Ejército en un comunicado.
Horas después, los militares fueron liberados tras gestiones de la Iglesia católica y organismos humanitarios, pero su liberación duró poco: la tensión social y la falta de garantías para la salida segura del territorio provocaron esta nueva retención que mantiene en vilo a las autoridades.
