El analista Arturo García señala que “los golpes de la fuerza pública y la tregua entre Costeños y Pepes son los factores que han contribuido a la disminución de estas cifras”.
El pasado mes de octubre del año 2025 tuvo una destacada disminución de muertes violentas, incluidos homicidios, en Barranquilla, su área metropolitana y el resto del departamento del Atlántico. Esta acción tiene sus raíces en el aporte de las autoridades administrativas (Alcaldía de Barranquilla, alcaldías municipales), autoridades civiles (Policía Nacional) y actores armados ilegales que operan en la ciudad (los Costeños y los Pepes), que a principios del mes acordaron extender la tregua de acciones delictivas hasta enero del 2026.
El aumento del pie de fuerza, la intensificación de controles policiales y el uso de tecnología de punta han sido factores clave dentro de este logro, pero tampoco hay que obviar el compromiso que hicieron las dos bandas criminales de mayor alcance en la ciudad para frenar los índices de violencia en el territorio.
Lo anterior se subraya comparando los registros de 86 de estas muertes ocurridas en octubre de 2024 y las 53 registradas durante Octubre de 2025 (algunas estadísticas oficiales dicen que son menos).
El Sistema Civil de Alertas Tempranas, a través del analista Arturo García, detalló minuciosamente este avance partiendo de boletines oficiales y de páginas informativas que reseñaron los hechos acaecidos durante octubre.
El análisis parte del estudio de 232 titulares judiciales tomados y confrontados de los reportes de cinco medios periodísticos escritos y virtuales con amplia credibilidad en la opinión pública. Retomando así el capítulo de 53 muertes violentas acontecidas en octubre de 2025 en el departamento del Atlántico, estas se dieron de la siguiente forma:
La ciudad de Barranquilla, que no es el único epicentro de la violencia criminal registró 24 muertes violentas distribuidas de la siguiente manera:
- Localidad Metropolitana: 12 muertes, con mayor presencia en los barrios Carrizal, Siete de Abril y La Sierrita.
- Localidad Suroccidente: 7 hechos fatales que se ejecutaron en Pinar del Río (Juan Mina), y El Bosque, aunque barrios como la Esmeralda y Carlos Meisel siguen aportando víctimas a esta intolerable guerra.
Anota el informe del Sistema Civil de Alertas Tempranas que el asesinato de 3 personas acontecidos en Pinar del Río guarda más relación con el manejo de rentas ilegales en cabeza de un posible nuevo actor violento ligado a este “negocio” del gota a gota, que a una autoría procedente de los grupos actualmente en diálogos.
- Localidad Suroriente: es el único territorio donde algunos integrantes de las bases de Costeños y Pepes parecen haber asumido con disciplina el citado proceso, dado que de las tres muertes registradas, dos ocurrieron en el barrio José Antonio Galán, donde una disputa con un antiguo integrante de las Autodefensas Unidas de Colombia ha tomado ese territorio para imponer su propio sello organizativo delincuencial y extender su hilo de muerte a otras poblaciones del Atlántico. En comparación con meses anteriores, en esta jurisdicción se redujo en octubre la violencia homicida.
- Localidad Riomar: con 2 casos ocurridos en Altos del Prado en un hecho desafortunado entre jóvenes y el barrio Las flores, donde la víctima reciente nos muestra que es una comunidad que no se puede descuidar. Allí están vivas las confrontaciones entre nuevos actores violentos.
- Localidad Norte-Centro Histórico: con cero (0) víctimas nos referimos al hecho que en este territorio no se presentaron muertes violentas, menos las asociadas en otros momentos a los grupos suscritos a los preacuerdos de diálogos.
Por otra parte, en el área metropolitana, el municipio de Soledad encabezó la cifra con 15 registro de muertes violentas, siendo preocupantes barrios críticos como Los Almendros (3 víctimas), Villa del Carmen (límites con Barranquilla), Cruz de Mayo, Los Robles, Villa Estadio y Tajamar (donde fue asesinado un adulto mayor).
Los otros dos casos del área metropolitana sucedieron en Malambo y Puerto Colombia con una víctima respectivamente.
Muertes violentas en el resto del departamento
Estas se registraron en los Municipios de Baranoa (3 casos), Juan de Acosta (2), Sabanalarga (2). Además en Ponedera, Manatí, Campo de la Cruz y Palmar de Varela con un (1) caso respectivamente.
De las anteriores cifras, desafortunadas 35 de estas muertes violentas están asociadas al sicariato, una a baja policial, una con objeto contundente, una por atraco, una por tortura correspondiente a funcionario de la UNP en Ponedera, 4 casos ocurrieron por intolerancia con arma blanca, uno clasificado como feminicidio, 6 ocurridos en vía pública con arma de fuego y 3 casos por establecer.
Según edades, las víctimas entre 14 y 28 años fueron 16; entre 29 y 50 años fueron 17; entre 51 y 70 años fueron 2 casos y por establecer en 18 casos no se conocieron las edades.
En cuanto a profesión u oficio: cinco cobradiario asesinados; cuatro mototaxistas; dos conductores de inDriver; dos barberos; uno de oficios varios; un mecánico de moto; un escolta de la UNP). De estas víctimas 9 presentaban anotaciones judiciales y de estas, 3 estaban relacionadas con venta de estupefacientes.
De otro lado los registros de prensa muestran que se produjeron 137 capturas por delitos e integrantes de diversas organizaciones así: Costeños 32; Pepes 18; Pachencas 5; feminicidio 1; violencia intrafamiliar 11; diversos delitos 77 personas.
De otros delitos de impacto como la extorsión y el hurto violento, las autoridades han informado disminuciones sustanciales según sus registros en lo que respecta a Barranquilla, aunque en el conocimiento ciudadano diario muchos de los actos extorsivos están siendo ejecutadas por nuevos actores violentos, ante lo que no hay que descuidarse.
Lo cierto es que obtener una reducción sustancial de las muertes violentas en el área metropolitana de Barranquilla durante el mes de octubre reciente nos debe llevar a la reflexión que el diálogo entre grupos violentos en nuestro departamento es un paso importante para obtener realmente “no repetición, reparación y verdad”. Esta última es la que se exige integralmente desde la sociedad civil, al menos 2.100 familias de víctimas de esta guerra fratricida así lo exigen para que sus muertos descansen en paz.
