El proyecto requiere de una reforma tributaria para terminar de financiar 16 billones.
En una sesión cargada de expectativas y negociaciones políticas, el Congreso de la República aprobó finalmente el Presupuesto General de la Nación para 2026, con un monto de 546,9 billones de pesos.
El proyecto original del Gobierno nacional contemplaba un presupuesto de 556,9 billones de pesos, cifra considerada récord y ambiciosa. Sin embargo, ante la resistencia de distintos sectores legislativos y las condiciones impuestas por partidos críticos, se acordó una reducción de 10 billones para alcanzar los 546,9 billones aprobados.
La propuesta fue debatida con especial atención al financiamiento, dado que el proyecto incluía una reforma tributaria por 26,3 billones de pesos para cubrir el déficit estimado. En el acuerdo presupuestal, esa cifra se ajustó a 16 billones, como parte de la negociación entre el Ejecutivo y el Congreso.
Durante la votación en el Senado, 50 senadores votaron a favor del nuevo texto, mientras que 27 lo hicieron en contra. En la Cámara de Representantes ya había sido aprobado previamente con disposiciones y ajustes compatibles con los lineamientos del Senado.
La aprobación del presupuesto en ambas cámaras marca el cumplimiento del plazo legal establecido para esta clase de debates, que es el 20 de octubre.
El ministro de Hacienda, Germán Ávila, destacó que este avance “refleja el compromiso del Gobierno con una gestión fiscal responsable y enfocada en el bienestar de las familias colombianas”.
Aunque el ajuste permite que el proyecto pase el filtro legislativo, persiste la necesidad de la reforma tributaria para garantizar el sostenimiento financiero del presupuesto. Sin ese instrumento, el Gobierno podría enfrentar un desequilibrio en sus finanzas y dificultades para cumplir con sus compromisos sociales e inversión pública.
Con la aprobación del presupuesto por el Congreso, el texto deberá sancionarse para convertirse en ley. A partir de ese momento, el Gobierno nacional podrá iniciar la ejecución de los gastos e inversiones proyectados para 2026.
No obstante, la verdadera prueba estará en la implementación y monitoreo, sobre todo en el contexto de las elecciones presidenciales y legislativas de ese año, donde las prioridades presupuestales y los compromisos adquiridos estarán bajo escrutinio público intenso.
