El ministro de Defensa aseguró que, junto con el Ministerio de Justicia, se estudia esta medida para enfrentar el incremento de atentados contra funcionarios penitenciarios, en el marco del llamado “plan pistola”.
Ante el preocupante aumento de ataques contra funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció este jueves que el Gobierno está evaluando una medida extraordinaria: permitir que los guardianes porten sus armas de dotación incluso cuando se encuentren fuera de servicio.
La propuesta, que está siendo analizada en conjunto con el Ministerio de Justicia, busca ofrecer mecanismos de protección personal a los funcionarios penitenciarios, quienes han sido blanco reciente de una serie de atentados en el marco de lo que las autoridades han denominado un “plan pistola”, impulsado presuntamente por estructuras criminales.
“Otra línea importante tiene que ver con evaluar, permitirles que tengan armas para que puedan ellos, cuando no estén de servicio, pues tener una defensa propia. Y aquí la clave de ello es prevenir cualquier atentado, y para la prevención es clave la información”, afirmó el ministro Sánchez.
Esta declaración se da en un contexto de creciente violencia contra miembros del INPEC, especialmente en zonas donde operan bandas criminales que han intensificado su accionar contra el sistema penitenciario como una forma de presión o represalia.
Actualmente, los guardianes del Inpec solo pueden portar sus armas reglamentarias durante el ejercicio de sus funciones. La propuesta implicaría una modificación en los protocolos de uso y porte de armas, lo que requeriría análisis jurídicos y operativos, además de la capacitación específica para el uso responsable de dichas armas fuera del horario laboral.
Organizaciones sindicales de funcionarios del INPEC han solicitado reiteradamente mayores medidas de seguridad, argumentando que muchos de los atentados se producen cuando los funcionarios se encuentran desarmados, en tránsito hacia sus viviendas o durante sus días de descanso.
Aunque la medida aún se encuentra en evaluación, el anuncio del ministro ha sido recibido con expectativa por parte del personal penitenciario, mientras sectores de derechos humanos y seguridad ciudadana advierten sobre la necesidad de establecer controles rigurosos para evitar que la iniciativa derive en nuevos riesgos.
El Gobierno no ha precisado una fecha para la toma de decisiones al respecto, pero señaló que la protección de los funcionarios públicos es una prioridad, así como la lucha contra las redes criminales que amenazan la seguridad del sistema carcelario.
