Se intensificarán los patrullajes policiales en los alrededores de los penales y se fortalecerán los protocolos de seguridad perimetral.
Tras los recientes atentados dirigidos contra funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), incluyendo el asesinato de dragoneantes en La Modelo de Bogotá y Palmira, la institución anunció un paquete de medidas urgentes destinadas a proteger tanto al personal penitenciario como a los visitantes de los establecimientos carcelarios.
En La Modelo de Bogotá, un grupo armado atacó a balazos a dragoneantes durante el cambio de turno; un guardia murió y otros tres resultaron heridos. En Palmira, Valle del Cauca, otro guardia fue asesinado en un ataque sicarial.
Estos hechos se dieron en un contexto de amenazas sistemáticas, pues se han reportado múltiples intimidaciones contra funcionarios del INPEC a lo largo del año.
En ese sentido, la institución adoptó algunas medidas para mitigar los factores de riesgo.
Se suspendieron temporalmente las visitas de familiares y amigos los días 4 y 5 de octubre de 2025 en los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional (ERON) en Bogotá y en varios centros del Valle del Cauca, incluido Palmira. Esta medida tuvo carácter preventivo, para “minimizar el riesgo de atentados contra los funcionarios y salvaguardar la integridad del personal visitante”.
Posteriormente, el INPEC revocó parcialmente la restricción para algunas visitas programadas, tras recibir quejas de familiares. De todas formas, dejó claro que mantendrían controles reforzados en estos establecimientos.
Se ordenó el uso obligatorio de chalecos blindados para los dragoneantes en servicio. También se implementarían “camisas balísticas” y cascos balísticos, al menos en los ingresos a los establecimientos penitenciarios.
Se incrementarán los patrullajes policiales en las cercanías de los penales afectados. Además, se fortalecerán los protocolos de seguridad perimetral.
Es de anotar que se creo un grupo especial entre la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional para investigar los atentados contra los funcionarios penitenciarios en la última semana y se ofreció una recompensa de hasta 50 millones de pesos para quien aporte información sobre autores materiales o determinadores de estos ataques.
