En total eran 72 los uniformados retenidos, pero el Ejército logró la extracción de 27 de ellos.
Parecen cada vez más comunes las acciones delictivas perpetradas por las comunidades en contra de la fuerza pública —Fuerzas Militares y Policía—, quienes poco a poco se han visto “manos atadas” en el actuar institucional que la Constitución y la ley les permite.
En las últimas horas se reportó el secuestro de 72 militares en la vereda Los Tigres, en el municipio de El Tambo, Cauca. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, señaló que 27 de ellos fueron extraídos gracias a una rápida intervención de las Fuerzas Militares, pero 45 uniformados más aún permanecen en poder de unas 600 personas.
El jefe de cartera también indicó que la estructura Carlos Patiño de las disidencias de las FARC al mando de alias Iván Mordisco están detrás de esta retención ilegal, pues estarían instrumentalizando a las comunidades para reprimir a la fuerza pública y hacerlas salir del territorio.
“¡No puede suceder esto con quienes protegen a Colombia! Se trata de un grave delito, tanto por la acción directa de quienes participan en él, como por las amenazas y presiones de las disidencias de alias ‘Mordisco’ a la población”, dijo el ministro Sánchez.
Asimismo, agregó que “lo que hace el cartel de alias Mordisco, es una muy grave violación al Derecho Internacional Humanitario, es un delito de lesa humanidad que no prescribe y será perseguido por toda la justicia internacional”.
El alto funcionario remató señalando que de forma articulada con la comunidad se trabaja en la identificación de las personas que han participado en esta acción delictiva, con el fin de individualizarlas y llevarlas ante la justicia.
“Nuestra fuerza pública mantiene presencia en la zona para apoyar la transformación de las economías ilícitas y desmantelar los grupos criminales, respetando siempre los derechos humanos y DIH. Igualmente se adelantan todas las acciones necesarias para garantizar los derechos humanos de nuestros uniformados”, finalizó el ministro de Defensa.
El Comando de la Tercera División del Ejército Nacional informó que el hecho ocurrió durante el despliegue de las tropas. Aseguró la institución castrense que el propósito del secuestro es impedir el cumplimiento de sus funciones en la zona y favorecer el control de rutas utilizadas para el narcotráfico y la minería ilegal.
El acto delictivo ha despertado la indignación de todo un país, que reprocha no solo el accionar de las comunidades, sino del Gobierno nacional ante este tipo de situaciones. A propósito de las criticas, el presidente Gustavo Petro emitió un corto pronunciamiento en sus redes sociales y solicitó a los captores que ingresen al proceso de transición de economía ilícita a lícita.
“El campesinado del Micay sabe que es hora de empezar la sustitución de cultivos de manera pacífica. Es la oportunidad. Dejen los soldados libres, pueden ser sus hijos. Los hijos de Colombia deben abrazarse y sobrevivir a sus padres. La comisión de diálogo está lista y es palabra del presidente”, afirmó.
El Ejército Nacional señaló que mantiene presencia en la zona, adelanta gestiones para restablecer el orden y asegurar el regreso del personal secuestrado, reiterando su compromiso con la protección de la población civil y el respeto por los derechos humanos.
Esta retención ilegal de militares se suma a varias acciones similares registradas entre el año anterior y este. La más reciente se presentó en agosto, donde 33 uniformados del Ejército Nacional fueron secuestrados por una comunidad campesina del municipio de El Retorno. Los soldados e infantes de marina duraron tres días en cautiverio y denunciaron tratos humillantes y violación a sus derechos humanos.
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Informe: Luis Ángel Terán
