La popular cadena de comida típica colombiana no logró superar su crisis financiera, tras tres años en proceso de reorganización.
La reconocida empresa del sector alimenticio Don Jediondo Sopitas y Parrilla S.A.S., con 33 establecimientos de comercio activos en Colombia, fue declarada en proceso de liquidación judicial luego de que se confirmara el incumplimiento definitivo del acuerdo de reorganización, según informó la Superintendencia de Sociedades.
La decisión fue tomada en audiencia celebrada el 25 de agosto, en el marco de lo establecido por la Ley 1116 de 2006, que regula los procesos de insolvencia empresarial en el país.
La compañía, conocida por su variada oferta gastronómica de platos típicos colombianos y cocina internacional, contaba hasta el 30 de junio de 2025 con 183 trabajadores directos, activos por $25.601 millones y pasivos que ascienden a $25.580 millones.
Desde agosto de 2022, Don Jediondo S.A.S. se encontraba en un proceso de reorganización empresarial, que buscaba su recuperación y permanencia en el mercado. Sin embargo, de acuerdo con el informe de la Superintendencia, la empresa incumplió de manera reiterada las obligaciones pactadas en el acuerdo de reorganización, incluyendo pagos fiscales, de seguridad social y gastos de administración.
Durante el proceso de seguimiento al acuerdo de reorganización, el juez del concurso llevó a cabo cinco audiencias, en las cuales se constató que, pese a múltiples requerimientos y oportunidades ofrecidas por los acreedores, la sociedad no mostró capacidad real de recuperación ni evidencia de mejora en su gestión financiera.
Ante este escenario, la Superintendencia de Sociedades procedió a declarar el incumplimiento definitivo y ordenó la apertura del proceso de liquidación judicial, bajo los lineamientos establecidos por la Ley 1116 de 2006, que regula los mecanismos de insolvencia empresarial en Colombia.
“En el caso de Don Jediondo Sopitas y Parrilla S.A.S., se agotaron los mecanismos legales de recuperación previstos en el marco del proceso de reorganización. Tanto esta Superintendencia como los acreedores involucrados sumaron esfuerzos para brindarle una oportunidad real de continuidad a la empresa. Sin embargo, ante la imposibilidad de superar las circunstancias que comprometían su operación y cumplimiento, esta entidad actuó con diligencia para ordenar la apertura del proceso de liquidación judicial, con el propósito de salvaguardar el orden económico, proteger los activos disponibles y garantizar, dentro del marco legal, la atención prioritaria a los derechos de los acreedores”, señaló el superintendente de Sociedades, Billy Escobar Pérez.
