La audiencia se desarrollará este 21 de julio a la 1:30 p. m. Navarro podría ser sancionada con la inhabilidad política.
La candidata a las pasadas elecciones locales de la Alcaldía de Galapa, Carmiña Navarro, enfrenta un juicio oral por presuntamente incurrir en la conducta de prevaricato, asunto que se relaciona con sus funciones cuando fue encargada como mandataria de ese municipio en el año 2015, tras la inhabilidad a la que fue sujeta el entonces alcalde José Vargas.
El proceso jurídico se origina en ese año, cuando la alcaldesa encargada emitió un serie de resoluciones en las que revocaba una decisión del inspector de Galapa y ordenaba el cumplimiento de un fallo policivo del 17 de julio de 2009, en la que concedía un amparo policivo a favor de Nohora Eusse sobre el predio Casa Vieja y, además, ordenaba la restitución de 11 hectáreas + 4.683 m², que estaban en poder de la Sociedad Panamericana de Inversiones, propietaria de una finca aledaña llamada Hierbabuena.
Tras estas adopciones administrativas, la Sociedad Panamericana de Inversiones decidió interponer una acción de tutela y demandó a Carmiña Navarro por presuntamente incurrir en la conducta de prevaricato, argumentando que el predio en disputa se encontraba en la zona limítrofe entre Galapa y Barranquilla, siendo este último territorio a quien le corresponde tomar esas decisiones por tributación.
“Ella incurrió presuntamente en la conducta de prevaricato porque reinterpretó erróneamente el alcance del fallo de 2009, que era una querella policiva por perturbación a la posesión, relacionada con quemas de basuras. A mediados de 2014, la señora Nohora Eusse —propietaria de la finca Casa Vieja— presentó otra querella en la Inspección Primera de Reacción Inmediata de Barranquilla y solicitó nuevamente el mismo amparo policivo, pero ya en contra de la Sociedad Panamericana de Inversiones (Paninver), dueña de la finca Hierbabuena. La inspectora del momento le manifestó que era una solicitud que debía ser resuelta por otras entidades administrativas, ya como deslindamiento y no como medida policiva, declarando el status quo del predio”, señaló la apoderada de la Sociedad Panamericana de Inversiones.
A causa de lo anterior fue que la dueña de la finca Casa Vieja acudió a la Alcaldía de Galapa y allí la alcaldesa encargada del momento, Carmiña Navarro, emitió las polémicas resoluciones que hoy la tienen inmersa en un proceso jurídico por prevaricato por acción.
De acuerdo con la defensa de las víctimas del proceso —Sociedad Panamericana de Inversiones—, la servidora pública dictó una resolución arbitraria en un asunto administrativo o judicial a sabiendas de que dicha decisión no le competía, sino al Distrito de Barranquilla, por jurisdicción del predio.
“El Juzgado Primero Promiscuo de Galapa determinó en ese momento que el predio se encontraba en status quo y se debía resolver era lo que estipulaba el amparo policivo del 2009, que era proteger el bien inmueble sobre la quema de basura y no restituir. La doctora Carmiña empezó a sacar resoluciones con un enfoque distinto y ordenó la restitución de 11 hectáreas + 4.683m² del predio Casa Vieja, reinterpretando erróneamente el alcance del fallo de 2009”, añadió la representante de los demandantes.
En ese instante la Sociedad Panamericana de Inversiones (Paninver) decidió interponer interponer varias tutelas y denunció a Navarro, por sus “decisiones arbitrarias” sobre un predio que tributa en el Distrito de Barranquilla y no en Galapa.
Con base al mecanismo judicial, el Juzgado Catorce Penal del Circuito de Barranquilla con Función
de Conocimiento llamó a juicio oral a Carmiña Navarro por el delito que se le atribuye y este lunes, 21 de julio, a partir de la 1:30 p. m., se llevará a cabo la segunda audiencia, teniendo en cuenta que el pasado 3 de julio se realizó la primera.
Alcance de un posible fallo contra Navarro
En dado caso que Carmiña Navarro sea hallada culpable por prevaricato por acción, podría ser sancionada con la inhabilidad de participar en cualquier actividad política y de elección popular, además de una posible multa económica.
“Esperamos que el juez nos de el lado a nosotros y acepte que la señora Carmiña actuó en prevaricato con base a las resoluciones que sacó repetitivamente y persistiendo en el error; incluso, la decisión policiva aún se encuentra vigente, aunque ya solicitamos que cesara esa decisión. Ella se expone a ser inhabilitada para funciones públicas y fijémonos que en las elecciones pasadas fue candidata, pese al proceso que está enfrentando y del que puede ser condenada. Incluso, actualmente la han visto realizando actividades políticas”, puntualizó la abogada.
La apoderada de la Sociedad Panamericana de Inversiones indicó que el proceso está en práctica de pruebas en el juicio oral, donde esperan se demuestre que la procesada, con la expedición de las resoluciones, emitió una decisión contraria al derecho.
