Es acusado de presionar testigos para obtener testimonios en favor del expresidente colombiano.
En una audiencia realizada este martes 8 de julio, la Fiscalía General solicitó formalmente que se profiera fallo condenatorio contra los abogados Diego Javier Cadena Ramírez y Juan José Salazar Cruz por los delitos de fraude procesal y soborno a testigos, vinculados a su actuación en el proceso que enfrenta el expresidente Álvaro Uribe Vélez.
Durante su intervención, el fiscal delegado Daniel Hernández Martínez presentó pruebas contundentes que demuestran que ambos juristas “ofrecieron beneficios jurídicos y económicos para inducir a varios exparamilitares a modificar sus testimonios en favor de Uribe y en contra del senador Iván Cepeda”.
De acuerdo a lo expuesto por el ente acusador, Cadena habría contactado directamente a exparamilitares privados de la libertad como Carlos Enrique Vélez y Juan Guillermo Monsalve, ofreciéndoles dinero, prebendas judiciales, mejoras en condiciones carcelarias e incluso apoyo para sus familiares, con el fin de que retractaran sus acusaciones contra Uribe y lanzaran alegatos contra el senador Iván Cepeda.
La Fiscalía presentó dentro de sus pruebas interceptaciones telefónicas y audios obtenidos por la Corte Suprema y el CTI, donde Cadena reconoce haber ofrecido trámites jurídicos a cambio de retractación. Además, se estableció que Cadena movió más de 23 millones de pesos a familiares de los exparamilitares, documentados mediante giros y testimonios.
El ente persecutor sostiene que “Cadena actuaba bajo órdenes del expresidente”, quien conocía y avalaba estas maniobras. Incluso señala que un lote que Uribe entregó a Cadena se usó para financiar estas acciones.
Desde el inicio del juicio —el 6 de febrero de 2024— Cadena se proclamó inocente y negó haber actuado con dolo. Su defensa cuestiona la legalidad de las interceptaciones telefónicas, alegando violación del secreto profesional. El reclamo fue respaldado por el procurador, aunque la Corte Suprema mantuvo su validez en enero de 2024.
Tanto Cadena como Uribe califican el proceso como “lawfare”, es decir, persecución con fines políticos, y han movilizado apoyos internacionales a través de grupos como el Foro de Libertad y Democracia.
