“Asumimos con responsabilidad el deber de aportar a una verdad que no solo esclarezca lo ocurrido, sino que contribuya a la justicia, la reparación y la no repetición”, señalaron.
Los excomandantes de las extintas FARC, quienes integraban el denominado secretariado, reconocieron de manera colectiva ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el reclutamiento de más de 18.000 menores durante el conflicto armado en Colombia.
En una carta dirigida a los magistrados de la JEP, los exjefes guerrilleros reconocieron que fue un hecho injustificable que marcó de manera irreversible la vida de quienes fueron involucrados, de sus familias y de sus comunidades.
“Fue una herida colectiva que dejó cicatrices hondas en el tejido social. Aunque estas acciones se dieron en medio de una guerra prolongada, enraizada en el abandono histórico del Estado, la represión y la desigualdad estructural, no por ello dejan de ser fuente de un profundo sufrimiento. Aceptamos que este pasado nos interpela y que sus consecuencias aún resuenan en el presente del país. Por eso, lo asumimos con responsabilidad y con el firme compromiso de aportar a la verdad, la reparación y la no repetición”, manifestaron los integrantes del último secretariado de las FARC.
El 13 de noviembre del 2024, la Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), fijó una imputación de cargos en contra del antiguo secretariado de las FARC en el marco del macrocaso 07, que investiga el reclutamiento y utilización de niños en el conflicto armado.
En ese contexto, el tribunal imputó a Rodrigo Londoño Echeverry (Timochenko), Jaime Alberto Parra Rodríguez (Mauricio Jaramillo), Milton de Jesús Toncel Redondo (Joaquín Gómez), Pablo Catatumbo Torres, Pastor Lisandro Alape y Julián Gallo Cubillos (Carlos Antonio Lozada), por crímenes relacionados con el reclutamiento forzado, violencia y esclavitud sexual de más de 18.000 menores de edad, cuando lideraron ese extinto grupo guerrillero.
Los magistrados de la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP realizaron la imputación con base a los testimonios de 951 víctimas acreditadas, así como informes de organizaciones y entidades del Estado.
Los excomandantes de las FARC —quienes hoy ocupan una curul en el Congreso de la República, aseguraron que como comparecientes activos en el sistema de justicia transicional no solo basta con reconocer los hechos, sino que es necesario contextualizarlos y aportar a una verdad completa y útil.
“Conscientes de nuestra responsabilidad con la no repetición y el espíritu restaurativo del Acuerdo de Paz, hemos puesto a disposición de las víctimas y de la Jurisdicción el trabajo que venimos adelantando. Esto incluye acciones de reconocimiento y reparación en el Club El Nogal, apoyo al desminado humanitario, búsqueda de personas desaparecidas y propuestas legislativas en favor de víctimas y poblaciones excluidas. También participamos en procesos conjuntos con víctimas de secuestro a través de Revipaz, reafirmando nuestro compromiso con la paz y la reconciliación”, enfatizaron.
