La Fiscalía informó que ocho personas fueron capturadas por esta práctica; algunos de ellos fueron enviados a prisión y otros cobijados con medida de detención domiciliaria.
Como parte de una investigación que sigue la Fiscalía General de la Nación por la contaminación ambiental y el daño a los recursos naturales, fue descubierto un matadero clandestino en la vereda Sasa, en Chiquinquirá, Boyacá, donde se sacrificaban reses, pero también asnos y caballos.
Lo particular del caso, según las autoridades, es que la carne de los animales era vendida sin medidas de higiene y sanidad en municipios de Boyacá y Cundinamarca, y a proveedores de programas públicos.
La estructura delincuencial, al parecer, disponía de animales enfermos y en malas condiciones, sin contar con los permisos de ley y en medio de condiciones precarias de salubridad. Esto generaba afectaciones al suelo y a las fuentes hídricas por el vertimiento de residuos de esta actividad.
“Los elementos materiales probatorios indican que la carne obtenida sería embalada y trasladada sin mantener la cadena de frío y de conservación a bodegas de Cota (Cundinamarca) y Bogotá. Desde allí, a través de un intermediario, presuntamente era vendida y distribuida a proveedores del Plan de Alimentación Escolar (PAE), centros carcelarios, plazas de mercado y establecimientos de comercio”, informó la Fiscalía.
De esta manera, en diligencias realizadas de manera conjunta entre el CTI y la Dirección de Carabineros de la Policía Nacional fueron capturados ocho de los presuntos integrantes de esta red delictiva, los cuales fueron presentados ante un juez de control de garantías por un fiscal de la Dirección Especializada contra los Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente.
El ente acusador les imputó los delitos de concierto para delinquir, maltrato animal, contaminación ambiental, y corrupción de alimentos, productos médicos o material profiláctico. El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA) participó en las diligencias realizadas y constató que el producto ofrecido por esta estructura no era apto para el consumo humano.
Tres de los procesados por estos hechos fueron identificados como Cristian Mauricio Martínez Gaviria, Óscar Armando Valbuena Sánchez y Saúl Humberto Pinilla García, quienes serían los administradores de cuatro bodegas de beneficio animal clandestinas. El juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.
Además, los otros cinco procesados fueron identificados como John Anderson Pineda Ortegón, que sería trabajador de una de las bodegas; Gildardo Antonio Isaza Herrera, señalado intermediario; Yuber Molina Roberto, Luis Alfonso Pecue Machado y Soledad Quintero Lozano, empresarios y compradores de la carne. Ellos recibieron medida privativa de la libertad domiciliaria.
