El presidente de la JEP se pronunció luego de las declaraciones de Otty Patiño sobre la consideración de evaluar el cierre definitivo del tribunal.
El presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el magistrado Roberto Vidal, se pronunció en una rueda de prensa sobre las declaraciones del comisionado para la paz, Otty Patiño, sobre la evaluación que está haciendo el Gobierno nacional de cerrar definitivamente la corporación.
“Las declaraciones del comisionado para la Paz nos hacen temer que el Estado colombiano pudiera incurrir en el incumplimiento de sus obligaciones internacionales, lo cual podría tener un efecto muy negativo para el Estado, de cara a que podrían volver a abrirse mecanismos como el examen preliminar o que la Corte Penal Internacional tendría que asumir sus obligaciones en la falta del Estado colombiano”, expresó el magistrado.
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— BluRadio Colombia (@BluRadioCo) September 26, 2024
En ese sentido, Vidal realizó un llamado al ejecutivo a respetar la autonomía de la entidad y a garantizar los recursos para su respectivo funcionamiento.
“La JEP hace un enérgico llamado a respetar la separación de poderes, como principio esencial del Estado constitucional de derecho, y a garantizar la autonomía que le asiste a esta Jurisdicción. Al Gobierno nacional le corresponde garantizar y respetar la estricta temporalidad de esta Jurisdicción, establecida con aval constitucional en el Acuerdo Final de Paz, para que pueda investigar, juzgar y sancionar los más graves crímenes cometidos durante el conflicto armado”, expresó el presidente de la JEP.
El magistrado Roberto Vidal añadió que también hay preocupación por la falta de cumplimiento del Gobierno nacional en sus obligaciones presupuestales, puesto que les adeuda $450.000 millones para ejecutar proyectos, con el cual se busca generar el componente restaurativo del Acuerdo final de Paz.
“Preocupa que el presupuesto del Fondo Colombia en Paz haya sido reasignado. Este dinero estaba destinado a la implementación de las sanciones, a través de las que los comparecientes deberán cumplir con sus sentencias para restaurar el daño causado a las víctimas y comunidades”, puntualizó.
Informe y redacción: Luis Ángel Terán
