En la misma providencia fueron absueltos de responsabilidad disciplinaria otros cuatro uniformados, pues no se les halló responsabilidad en los hechos investigados.
Nuevo policía, dos de grado oficial y siete suboficiales, fueron destituidos e inhabilitados por la Procuraduría General de la Nación, tras comprobar su responsabilidad en la muerte de tres jóvenes en durante un “mal procedimiento” en Chochó, corregimiento de la ciudad de Sincelejo, Sucre.
El Ministerio Público señaló que la investigación frente a este imperativo arrojó que los hechos mencionados se presentaron el 25 de julio de 2022, cuando uniformados adscritos al departamento de Policía de Sucre, en el sector conocido como la intercepción la Garita, del corregimiento de Chochó, interceptaron a los tres jóvenes en medio de un plan candado que realizaban por la muerte de un patrullero de la institución llamado Diego Felipe Ruiz Rincón, acción que se registró minutos antes en el municipio de Sampués.
Indicó el ente de control que inicialmente, integrantes del Grupo de Protección a la Infancia y Adolescencia de la mencionada institución, requirieron a tres ciudadanos identificados con los nombres de Carlos Alberto Ibáñez Mercado, Jesús David Díaz Monterroza y José Carlos Arévalo Contreras, personas que posteriormente fueron embarcadas en un vehículo institucional de la Policía, con el fin de trasladarlas al centro médico más cercano y así brindarles asistencia hospitalaria, considerando que presentaban una serie de lesiones en su humanidad.
Hasta ese momento, todo transcurría en el orden adecuado, sin embrago, para la procuraduría “durante el trayecto desde el lugar antes citado hasta la clínica María Reina, de la ciudad de Sincelejo, los jóvenes recibieron varios impactos con arma de fuego por parte del oficial Benjamín Darío Núñez Jaramillo, teniente coronel (hoy retirado). Los referidos capturados fueron declarados muertos en el centro médico citado”.
En ese orden, la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Juzgamiento 1, mediante fallo del 23 de agosto de 2024, declaró responsable disciplinariamente a Benjamín Darío Núñez Jaramillo, quien para la época de los hechos se desempeñaba como comandante operativo de seguridad ciudadana DESUC, en su grado de teniente coronel. El material probatorio encontró que era meritoria la sanción disciplinaria contra el oficial y se le destituyó e inhabilitó para ejercer función pública en cualquier cargo durante diecinueve (19) años.
Adicional a este fallo, se encontraron responsables disciplinariamente al mayor Cristian Alberto Betancur Salamanca y a los suboficiales, con cargo de patrulleros: Eduar de Jesús de la Rosa Juez, Santiago Garavito Díaz, Rafael Paz Barboza, Uber Guillermo Mieles Arroyo, Bernardo Pontón Mercado, Diana Marcela Puerta Rodríguez, Leila Carolina Ávila Pestana.
“A los anteriormente citados se le encontró responsables de la falta gravísima descrita en el parágrafo del artículo 45 de la Ley 2196 de 2022 (Estatuto Disciplinario Policial) por la comisión de una conducta descrita en la ley como delito de prevaricato por omisión y abuso de autoridad, previstos en los artículos 414 y 416 del Código Penal, por no haber protegido en su vida e integridad a los civiles capturados que resultaron muertos con ocasión de procedimiento policial enunciado en la parte inicial”, informó el Ministerio Público.
A estos servidores se les impuso sanción de destitución e Inhabilidad para el ejercicio de función pública en cualquier cargo por un término entre 11 y 15 años, respectivamente.
Por otro lado, en la misma providencia fueron absueltos de responsabilidad disciplinaria la subteniente María Camila Buriticá Valencia, comandante del CAI, para la época de los hechos y a los patrulleros: Jesús María Bolaño Castro, Álvaro Antonio Álvarez Ricardo y Yamit Alfonso Henao Araque, al no encontrarse probados los cargos imputados.
