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Mancuso recobrando la libertad
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“Es un compromiso renovado con la verdad y la reconciliación”: víctimas tras liberación de Mancuso

El exjefe paramilitar recibió la boleta de salida de la cárcel La Picota de Bogotá y deberá avanzar en sus funciones como gestor de paz.

El pasado miércoles 10 de julio el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso salió de la cárcel La Picota de Bogotá tras recibir la boleta de libertad emanada por las jurisprudencias correspondientes que llevan el desarrollo de sus casos.

El excomandante del Bloque Norte de las AUC salió del penal fuertemente custodiado por cuatro camionetas y varios escoltas que desde ahora integrarán su esquema de seguridad, con el fin de preservar su integridad y vida.

“Luego de surtido el trámite administrativo, el Inpec, mediante la oficina jurídica del Complejo Penitenciario y Carcelario de Bogotá La Picota emitió el concepto de viabilidad que le otorga la libertad a Salvatore Mancuso con la trazabilidad de cada una de estas autoridades” señaló la entidad carcelaria en un comunicado.

La libertad del exjefe de las Autodefensas Unidas de Colombia se da luego de que Justicia y Paz dictaminara que ya había cumplido las penas impuestas, y por tanto, deberá ostentar sus funciones como gestor de paz designado por el presidente Gustavo Petro.

En ese sentido, varios representantes de víctimas del conflicto armado en Urabá, Córdoba, Montes de María y de pueblos a la orilla de los ríos Magdalena y Sinú han manifestado que es la oportunidad precisa para que Mancuso continúe desglosando la verdad detrás de masacres, falsos positivos desplazamientos forzados y otros delitos cometido por las AUC.

“La liberación de Mancuso trae nuevas responsabilidades y oportunidades para la justicia en Colombia. Más que el fin de una etapa judicial, representa un compromiso renovado con la verdad y la reconciliación. Mancuso ya pagó su condena en Justicia y Paz, pero las víctimas siguen esperando más verdad. Que él confiese todos esos hechos realizados –en connivencia con otros grupos armados y con empresarios– cuando estuvo con las autodefensas”, destacó Nora Saldarriaga, directora de la Fundación Forjando Futuros.

En términos concretos, agregó que es menester “que se le den las garantías para que ayude al esclarecimiento de hechos tan importantes como la ubicación de las fosas y en donde están los desaparecidos, para que las víctimas puedan ser reparadas, puedan conocer los hechos y puedan tener esa verdad y así salir de esta situación tan crítica que sigue sumiendo a los colombianos”.

La libertad de Salvatore Mancuso se da cuatro meses y medio después de que fuera repatriado por Estados Unidos tras purgar su condena de 18 años por narcotráfico. Desde entonces, el exjefe paramilitar y su defensa habían hecho lo necesario ante los tribunales de Justicia y Paz para que se le concediera la absolución de los delitos por los que era requerido y así poder ejercer libremente su rol de gestor de paz, pero este trámite fue bastante controversial por decisiones contrariadas entre los jueces.

La jugada de Mancuso

Mancuso interpuso el pasado martes 9 de julio, una denuncia penal contra tres funcionarios del Inpec por los delitos de prevaricato por omisión y prolongación ilícita de la privación de la libertad. La denuncia explica que en la pasada audiencia, ante el Tribunal Superior de Bogotá y llevada a cabo el 5 de julio, la jueza le dio 36 horas al Inpec para que el exjefe paramilitar quedara en libertad. El tiempo se cumplió el domingo 7 de julio, a las 2 de la mañana. Es por eso que el exjefe paramilitar, desde ese día, argumentó que su detención era ilegal y hasta invocó a la ONU y a la Corte Penal Internacional para que intervinieran.

En el documento que suministró a la Fiscalía, Mancuso alegó que han negado su libertad “al tener una cartilla biográfica y hoja de vida con anotaciones que ni siquiera corresponde a medidas de aseguramiento, órdenes de captura o penas”. Según él, no hay ninguna medida en su contra, pero el Inpec, de acuerdo con la denuncia, lo ha controvertido diciéndole que sí tiene medidas de aseguramiento pendientes y que su salida depende de los tiempos de la Corte Constitucional.

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