“Necesitamos saber la verdad y él ha manifestado su voluntad y compromiso de contarla al país”, dicen las familias afectadas, que consideran urgente la inclusión.
Varias familias necesitan “saber la verdad” sobre las muertes de las que habría sido responsable Jorge Luis Alfonso López, exalcalde de Magangué, Bolívar, e hijo de la fallecida Enilce López, quien fue excluido de la Jurisdicción Especial para la Paz.
Son derechos fundamentales de las víctimas la verdad, la justicia, reparación y no repetición, por lo tanto, mediante una acción de tutela presentada ante el Tribunal para la Paz, las familias afectadas buscan que Jorge Luis sea incluido en la JEP para conocer lo sucedido. En representación de los accionantes figura Virgilio Rafael Padilla Quintero y como apoderado judicial actúa el Dr. Adil Meléndez.
“El 2 de mayo de 2018, el señor Jorge Luis Alfonso López presentó solicitud de sometimiento voluntario a la Jurisdicción Especial para la Paz, solicitud que fue reiterada el 5 de septiembre de 2018, aclarando que presentaba su solicitud de sometimiento voluntario en calidad de agente del Estado no integrante de la fuerza pública, en relación con hechos ocurridos durante el periodo en el cual ejerció como alcalde del municipio de Magangué, Bolívar, entre los años 2004 y 2007, y en calidad de tercero civil, respecto a hechos ocurridos por fuera del periodo antes referido, es decir, gozando de una doble e incluso una triple condición (teoría de la bisagra), todas de competencia de la JEP“, se lee en el documento de tutela.
¿Qué da origen a la tutela?
El 25 de febrero de 2019 el solicitante presentó su propuesta “de compromiso claro, concreto y programado” de aporte a la verdad y reparación a las víctimas, del cual se dio traslado a la Procuraduría General de la Nación, que presentó su concepto el 12 de septiembre de 2019.
“Se le ordenó al solicitante comparecer a diligencia de versión voluntaria de aporte temprano a la verdad en el mes de agosto de 2020, diligencia que debió ser suspendida por razones ajenas a Alfonso López, pues se presentó un corte en el fluido eléctrico en el Establecimiento Carcelario de Sabanalarga, pero posteriormente, dicha diligencia no se logró finalizar debido a problemas de seguridad para la familia del solicitante y debió agotarse con la información ya entregada en las fechas pasadas”, se añade en el documento.
Para el 15 de septiembre de 2020, las víctimas acreditadas por intermedio de su apoderado hicieron observaciones a la versión voluntaria rendida y el Ministerio Público, días después, solicitó a la Sala rechazar la solicitud de sometimiento voluntario presentada, utilizando varios argumentos para ello, entre estos los antecedentes familiares del postulado, el no cumplimiento de la expectativa frente al plan de reparación a las víctimas presentado y la carencia de competencia de la JEP por el factor personal.
Mediante la resolución No. 556 del 12 de febrero de 2021 la accionada resolvió rechazar, por falta de competencia personal, la solicitud de sometimiento voluntario presentada por Jorge Luis Alfonso López y el 2 de febrero de 2022 fue confirmada en segunda instancia la resolución mencionada, decisión que no fue bien recibida por las familias afectadas, ya que estas consideran la inclusión urgente y necesaria:
“Esta acción constitucional no se trata de los derechos o de los beneficios que puede recibir el señor Jorge Luis Alfonso López, no, se trata es de los derechos que nos asisten a las víctimas en este modelo de justicia restaurativa y prospectiva“.
Quieren escuchar la verdad
Varias de las víctimas del conflicto armado han manifestado haber recibido solicitudes de perdón de Jorge Luis Alfonso quien los convocó en la cárcel de Sabanalarga y manifestó “su voluntad y compromiso de contar la verdad al país” de todos los hechos conocidos que generaron muchas víctimas que a la fecha la sociedad no conoce, afirmando de forma contundente que tiene conocimiento de “cómo las fuerzas militares y de Policía hicieron pactos con grupos al margen de ley para adelantar acciones delictivas contra personas que supuestamente eran guerrilleros o afines a dichos grupos ilegales y que él apoyó de forma directa e indirecta ese accionar delictivo tanto económica como logísticamente, mientras se desempeñaba como alcalde del municipio de Magangué“.
En este caso, se agotaron todos los recursos tanto ordinarios como extraordinarios, por lo que la acción de tutela se convierte en el único mecanismo de defensa judicial con el que cuentan para lograr la defensa de los derechos fundamentales afectados.
Atentado en clínica de Barranquilla
Cabe recordar que el pasado jueves 23 de mayo alrededor de seis sujetos armados ingresaron a una clínica, en el norte de Barranquilla, y subieron hasta el cuarto piso simulando un operativo de la Sijín, con el fin de perpetrar un ataque contra Jorge Luis Alfonso López.
Tras dicho hecho, que dejó tres víctimas mortales y del cual Jorge Luis salió ileso, el presidente de Colombia, Gustavo Petro Urrego, indicó: “Me tocó en los debates públicos del Congreso mostrar la estrecha relación entre Enilce López y la clase política de más alto nivel. La simbiosis entre corrupción, paramilitarismo y política. Quienes atentan contra Jorge Luis López, candidato a confesar ante la JEP esta realidad oculta, quieren silenciar la verdad (sic)“.
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