Un fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) solicitó orden de captura contra el primer ministro de Israel por los hechos registrados en Gaza.
El pasado lunes 20 de mayo, el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, informó que ordenó la emisión de órdenes de captura internacional contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, el líder de Hamás, Yahya Sinwa, y otros altos funcionarios, por los crímenes perpetrados en Gaza a causa de la guerra entre el ejército israelí y el grupo propalestino Hamás.
Esta decisión ha causado todo tipo de comentarios entre la comunidad internacional, donde Colombia a través del presidente Gustavo Petro, por demás defensor de Gaza y crítico de los ataque de Israel a Hamás, pidió que la orden de captura contra Netanyahu se cumpla, pues es un estamento del derecho internacional humanitario al calificar las acciones como un “genocidio”.
“La orden internacional de arresto contra el genocida Netanyahu debe cumplirse. A quien están atacando no es a Palestina, es a la democracia y a la humanidad (…) El derecho internacional, incluido sus órganos de justicia, debe ser defendido y profundizado. Es el acumulado de la civilización humana. Sin él, solo se impondrá la ley del más fuerte y bruto: la ley de los nazis”, escribió el mandatario colombiano en su cuenta de X.
Aunque para que las órdenes de captura puedan materializarse debe haber una autorización de la propia Corte Penal Internacional, lo cierto es que esta determinación genera tensión, sobre todo en Oriente Medio y entre los países que han rechazado los hechos presentados en Gaza donde han muerte miles de civiles en medio de los combates y bombardeos por la guerra.
Ante esto, la Comisión Europea señaló este martes que respeta la “independencia” de la CPI, recalcando que es un acuerdo suscrito entre los Estados miembros para tratar crímenes de guerra y hacer valer y respetar el derecho internacional.
“La Unión Europea respeta la independencia de la CPI. Es una institución internacional independiente que trabaja en la investigación de los crímenes más graves, que trata de evitar que haya impunidad en las violaciones que caen bajo su competencia. Todos los países que han suscrito el estatuto tienen la obligación de cumplir”, indicó el portavoz de Exteriores de la Comisión Europea, Peter Stano.
