Son cinco los funcionarios del INPEC asesinados este año, por lo que la alerta es mayor.
El homicidio del coronel Elmer Fernández, director de la cárcel la Modelo de Bogotá, ha causado indignación en el país por la forma en la que muchos funcionarios públicos se encuentran a la merced de la delincuencia y la criminalidad, razón por la que diferentes entidades defensoras de derechos humanos han expresado su rechazo.
Una de estas entidades fue la Procuraduría General de la Nación, quien repudió de manera enfática el asesinato del servidor público y exigió al Gobierno Nacional medidas urgentes y efectivas para garantizar la vida e integridad de otros funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, amenazados de muerte.
En ese sentido, el procurador delegado para los Derechos Humanos, Javier Sarmiento, aseguró que, con el director de la Modelo, ya son cinco los funcionarios de esa institución penitenciaria asesinados este año, sin que el Ministerio de Justicia haya adoptado las acciones necesarias para evitar esta oleada de violencia, a pesar de las advertencias hechas por la Procuraduría al respecto desde marzo pasado.
Sarmiento hizo un llamado a MinJusticia y a la dirección del INPEC para intensificar los controles a las personas privadas de la libertad y evitar que sigan delinquiendo en el interior de las cárceles del país.
Asimismo, el funcionario del ente de control alertó sobre la necesidad de redoblar la seguridad de los jueces de ejecución de penas que vigilan las sentencias de los condenados.
Es de anotar que la noche del mismo jueves en que fue asesinado el coronel (r) Elmer Fernández, se realizó en la Dirección General de la Policía un consejo de seguridad del que participaron el ministro de Justicia, Néstor Osuna; el director general de la Policía, general William René Salamanca; el director general del INPEC, coronel Daniel Gutiérrez y otros altos oficiales. En medio de la reunión, se abordó la necesidad de brindar mayor seguridad y protección a directores y funcionarios del INPEC, aunque esto requiere de un proceso acererativo coordinado con la Unidad Nacional de Protección (UNP).
