El organismo dio un plazo de un mes al Ejecutivo para tomar acciones que protejan los derechos fundamentales de los menores de edad.
El alto tribunal de justicia advirtió al Gobierno nacional sobre un plan de acción que deberá tomar a más tardar un mes frente a la situación de muerte de menores de edad en el departamento de La Guajira por condiciones relacionadas con la desnutrición.
La Corte Constitucional emitió un auto en el que hizo claridad a las evidencias de la sentencia que declaró el estado de cosas inconstitucionales en 2017, profiriendo que han pasado varios años y no hay acciones concretas que tenga la estabilidad financiera necesaria para atender la problemática.
“No se observa en el plan una acción concreta que goce de sostenibilidad financiera o viabilidad jurídica. En su lugar, lo que se plantea es una posible acción atada a escenarios externos, la declaratoria de emergencia y un análisis interno que aún no se desarrolla”, aduce uno de los apartes del documento.
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Una vez estudiado el plan presentado ante los magistrados, los togados precisaron que es necesario tomar medidas urgentes que protejan los derechos fundamentales de los menores de edad de la comunidad Wayúu, así como mantener vigentes los planes en ejecución.
“Debido a la necesidad de contar con medidas cautelares urgentes para salvaguardar los derechos fundamentales de la niñez Wayúu, las acciones y herramientas que se vienen adelantando continuarán su ejecución, es decir, el cumplimiento de este auto no altera los cronogramas presentados”, continúa el auto.
Al plan que deberán entregar a más tardar en un mes las entidades de injerencia, Ministerios de Salud, Vivienda, Ambiente, Agricultura, Hacienda, el ICBF, el Departamento de Prosperidad Social y el DANE, se señala la incorporación de cronogramas, acciones y estrategias claras, que incluyan el diálogo con las comunidades.
“La incorporación de cronogramas, las acciones están atadas a un tiempo preciso; los indicadores corresponden a la naturaleza de las acciones y, por supuesto, una estrategia más amplia y efectiva en relación con el diálogo genuino”, finaliza el documento de la alta Corte.
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