A pesar de las sanciones e investigaciones, sobre destituciones de sus cargos no se ratifica nada.
Por: Iván Peña Ropaín.
“Participaron y colaboraron activamente en el favorecimiento del contrato adjudicado a Ticket Shop. Nunca ejercieron control o réplica sobre la situación que giró en torno a la reventa masiva de boletas que, como se explicó, era de pleno conocimiento de los miembros de la Federación Colombiana de Fútbol ( FCF)”: se lee en el fallo respecto a este hecho de corrupción que nació en la época de las Eliminatorias de Rusia 2018.
En esta determinación impartida el martes 15 de noviembre por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca (TAC) se vinculó a Ramón Jesurún, presidente de la FCF y quien fue el de la mayor nemesis; a Álvaro González Álzate, máxima autoridad en la División Aficionada del Fútbol Colombiano (Difútbol); y a Andrés Tamayo, secretario general de la FCF.
El fallo de la alta corporación dejó en firme la sentencia emitida previamente por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) en la que multó con 304.617.885 millones de pesos al presidente de la Federación por “acaparar y revender” las boletas para los partidos de la cita orbital rusa.
El TAC precisó que tanto Jesurún como Álzate y Tamayo, se confabularon para urdir este plan, señalando al presidente de la FCF como una especie de “mente maestra” para poner a andar este entramado.
“Ramón de Jesús Jesurún Franco, como miembro del comité ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol, participó en los actos de favorecimiento para la adjudicación del contrato de que se trataba. Hizo parte de las personas que recibieron las ofertas presentadas, cuya información terminó siendo conocida por los representantes de Ticket Ya y Ticket Shop”, agrega el documento.
Todo ello se dio, de acuerdo al Tribunal, “pese a no ser la mejor oferta” entre los proponentes. Además: “Como presidente de la Federación Colombiana de Fútbol sostuvo reuniones con los representantes de Ticket Ya, pese a que no eran las adjudicatarias del contrato, circunstancia que demuestra el pleno conocimiento de la forma en que se estaba ejecutando el contrato de la boletería”, anotó el Tribunal cundinamarqués.
En el caso de los otros dos involucrados en estos hechos irregulares, situaciones en las cuales las autoridades solo se han limitado en imponer acciones económicas más no sancionatorias como la destitución de los cargos en los que permanecen anclados desde hace años los implicados, especialmente, Jesurún, el TAC ordenó “negarles las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho formulado por los demandantes”.
