“Debieron explorarse las dinámicas familiares”, indicó la entidad.
La Procuraduría General de la Nación presentó en las últimas horas un informe con fines disciplinarios debido a que evidenció “posibles falencias” por parte de las autoridades en las actuaciones administrativas adelantadas frente al caso de Gabriel Esteban González Rodríguez, de cinco años, y su progenitora.
El menor fue asesinado por su padre en el Hotel del Rey de Melgar, Tolima, entre la noche del 2 de octubre y la madrugada del 3. El hoy confeso homicida, identificado como Gabriel Enrique González Cubillos, fue a recoger al niño el 1 de octubre a su casa en Sierra Morena, localidad de Usme en Bogotá, dado que tenía permiso para llevárselo y compartir con él cada quince días.
El hombre habría planeado el homicidio como una venganza contra su expareja, la madre del niño, por haber terminado la relación y, supuestamente, haber “elegido” a otro compañero sentimental.
La mujer ya había denunciado a González por acoso ya que él la perseguía tras no aceptar su separación, sin embargo, después de reuniones en la Comisaría de Familia de Usme se determinó que el sujeto debía ir al psicólogo y que no se le restringirían las visitas.
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Por ello, la Procuraduría indicó que se debe evaluar la ocurrencia de conductas disciplinarias de las autoridades que intervinieron en los trámites de restablecimiento de derechos y de medida de protección de su progenitora.
“No obstante que el presunto homicida evidenciaba interés por el cuidado y atención de su hijo y en ejercer su custodia; mostrándose como buen padre, y de no advertirse o manifestarse por la madre riesgo de violencia hacia el niño, por lo cual se ratificaron por la autoridad administrativa las visitas acordadas por los padres, debieron explorarse las dinámicas familiares, la existencia de otras medidas de restablecimiento de derechos y de protección en favor del núcleo familiar“.
También, agregó que se debieron explorar las posibles afectaciones por los hechos de violencia psicológica referida por la víctima (la madre del menor) que permitieran prever un comportamiento violento, agresivo o criminal del padre hacia su hijo o si este ejercía algún tipo de manipulación del niño, para afectar a la progenitora.
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El informe remitido a las procuradurías distritales de instrucción de Bogotá por parte de la Procuraduría Delegada con Funciones Mixtas para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y la Mujer, se hizo a partir de la respuesta entregada por la directora Regional Bogotá del ICBF, en relación con la existencia y trámite impartido al proceso de restablecimiento de derechos del menor de edad.
La PNG enfatizó: “Igualmente, la respuesta de la Comisaría de Familia 1 de Usme, sobre las medidas adoptadas en el proceso por violencia intrafamiliar que allí cursaba en favor de la madre del niño y visita practicada por el procurador judicial a quien le fuera asignada agencia especial”.
