El presunto agresor cumplía labores de alfabetización.
Alrededor de siete menores de edad, estudiantes de primaria de la Institución Educativa John F. Kennedy, ubicada en el barrio Blas de Lezo de Cartagena, Bolívar, habrían sido víctimas de acto sexual abusivo por parte de un estudiante de 11°.
Al parecer, el señalado cumplía labores de alfabetización con las infantes y fueron los padres de estas quienes denunciaron el caso que, aunque inicialmente se manejó con hermetismo, luego se dio a conocer a través de las redes sociales y distintos medios de comunicación, obligando a la institución educativa y a las autoridades distritales a pronunciarse.
Según se ha conocido, el joven, presuntamente, subía a las niñas a sus piernas para “ayudarlas con las tareas”, luego les tocaba sus partes íntimas, les ofrecía juguetes para que no contaran nada y las amenazaba. De las 40 horas que debía prestar de servicio social obligatorio, apenas llevaba siete en las actividades de alfabetización.
Sin embargo, una de las menores agredidas sexualmente comenzó a llorar y sus compañeras se dieron cuenta, por lo que el señalado salió del aula de clases, al final, siete niñas del mismo curso le confesaron a la profesora lo que estaba ocurriendo.
Dicha cifra fue confirmada por la Secretaría de Educación Distrital de Cartagena, aunque recientemente se conoció que otras cuatro menores entre cinco y siete años aseguraron haber sufrido el mismo abuso.
El día de los hechos, cuando el estudiante de 18 años regresó en horas de la tarde al colegio para recibir sus clases, la Policía acudió al plantel y lo interrogó sobre los actos delictivos de los que lo señalaron.
La SED de Cartagena informó que el rector de la institución activó la ruta requerida alertando a la Policía de Infancia y Adolescencia y convocando a los padres de familia y acudientes. Las menores participaron en entrevistas psicológicas y les realizaron exámenes físicos.
Las investigaciones están en manos de la Fiscalía General de la Nación con el fin de esclarecer lo sucedido y, en caso de que haya material probatorio suficiente, judicializar al presunto agresor sexual.
