Entre 2007 y 2008, el Zarco llevó a civiles a zonas rurales de Valle del Cauca y Tolima, donde los entregó a unidades militares que, posteriormente, los presentaron como muertos en combate.
Un juez penal especializado de Ibagué, Tolima, avaló los argumentos presentados en juicio oral por la Fiscalía General de la Nación y condenó a Luis Jhon Castro Ramírez, alias El Zarco, a 60 años de prisión por concertarse con integrantes de la fuerza pública para engañar a 17 civiles y llevarlos a zonas despobladas con pleno conocimiento de que les causarían la muerte y reseñarían como resultados operacionales exitosos.
En ese sentido, fue declarado responsable de los delitos de homicidio en persona protegida y concierto para delinquir agravado, y deberá cumplir una multa equivalente a 48.000 salarios mínimos mensuales vigentes y una inhabilidad de 20 años para el ejercicio de derechos y funciones públicas.
Los hechos que motivaron la sentencia están relacionados con cuatro eventos delictivos
registrados entre 2007 y 2008 en Valle del Cauca y Tolima.
El ente investigador indicó: “El 6 de noviembre de 2007, en el corregimiento Villa Carmelo, en zona rural de Cali (Valle del Cauca), el Zarco contactó y convenció a tres jóvenes de sacar 200 millones de pesos de una guaca. Llegando al punto de extracción del dinero, les pidió ponerse uniformes de uso exclusivo de las fuerzas militares y caminar juntos. Minutos después, algunos integrantes del pelotón Cascabel del Batallón de Montaña N°3 del Ejército Nacional los interceptaron y les dispararon. Las unidades militares reportaron lo ocurrido como ‘bajas en combate’”.
De otra parte, se le atribuyen tres hechos distintos en los que ubicó a 14 hombres en Cali y otros municipios de Valle del Cauca, y mediante ofrecimientos remuneratorios los convenció de viajar a Tolima, donde fueron abatidos por unidades del Batallón Jaime Rooke del Ejército Nacional. Seis víctimas murieron en la finca Los Mangos de la vereda Potreritos, en Ibagué, el 28 de febrero de 2008; otros dos fallecieron en el Guamo, el 30 de marzo, y seis más en Coyaima, el 23 de junio del mismo año.
Estas personas también fueron presentadas como ‘abatidas’ durante operaciones contra el secuestro y la extorsión. El fallo conocido es de primera instancia y en su contra proceden los recursos de ley.
