Según los magistrados de la JEP, los hechos señalados ocurrieron entre los años 2002 y 2008.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a 28 militares retirados, entre ellos tres generales y dos brigadieres generales, por su presunta responsabilidad en 604 casos de ejecuciones extrajudiciales, llamados ‘falsos positivos’, curridas entre 2002 y 2008 en los siete departamentos de la región Caribe.
El magistrado Óscar Parra Vera, presidente de la Sala de Reconocimiento y relator del Subcaso Costa Caribe del Caso 03, explicó que, además de estas 604 víctimas, la JEP documentó otras 13 personas asesinadas y presentadas falsamente como bajas en combate fuera del período priorizado, es decir, antes de 2002 o después de 2008.
“Incluyendo a un adolescente asesinado en 1995, a quien los militares le explotaron una granada en la cabeza para luego exhibir su cuerpo por las calles de San Pablo, Bolívar, y presentarlo como guerrillero dado de baja en combate”, explicó el magistrado Parra.
La Sala de Reconocimiento determinó que cada uno de los imputados tuvo un rol esencial en la configuración del patrón criminal y participó en conductas especialmente graves y representativas, sin las cuales no se hubiera desarrollado y perpetuado el plan criminal.
Se trata de los mayores generales retirados Hernán Giraldo Restrepo, Jorge Enrique Navarrete Jadeth y Raúl Antonio Rodríguez Arévalo, quienes estuvieron al mando de la Décima Brigada Blindada, el Grupo de Caballería Mecanizado No. 2 Coronel Juan José Rondón y el Batallón de Artillería No. 2 La Popa, respectivamente, entre 2004 y 2006, y los brigadieres generales (r) Fabricio Cabrera Ortiz, comandante de la X Brigada Blindada, y Adolfo León Hernández Martínez, comandante del Batallón La Popa entre diciembre de 2007 y mediados de 2009.
Junto a ellos fueron imputados siete coroneles, incluido William Hernán Peña Forero, quien fue comandante de la XI Brigada entre 2006 y 2007. Además de tres tenientes coroneles y cuatro mayores, entre otros oficiales y suboficiales del Ejército Nacional.
“Estas personas fueron halladas penalmente responsables por propagar el fenómeno de asesinatos y desapariciones forzadas en la Costa Caribe colombiana bajo la jurisdicción de la I División del Ejército Nacional y, luego de su creación, del Comando Conjunto No. 1 Caribe (CCON1)”, señaló la JEP.
La magistratura evidenció que en Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena y Sucre, integrantes de al menos 19 unidades tácticas que hicieron parte de la I División del Ejército Nacional y luego de su creación, del Comando Conjunto Caribe cometieron crímenes de manera sistemática y a gran escala.
“El 76% de las bajas en combate analizadas por la Sala de Reconocimiento de Verdad, que fueron reportadas entre enero de 2002 y octubre de 2008 por las 19 unidades militares investigadas, fueron falsas”, afirmó el magistrado Óscar Parra Vera en rueda de prensa.
Es decir, la JEP concluyó que el 76% de las bajas en combate analizadas, reportadas entre enero de 2002 y octubre de 2008 por las 19 unidades militares investigadas, fueron falsas. De los 358 eventos ilegales encontrados, 303 ocurrieron entre 2004 y 2007, con 517 de las 604 víctimas identificadas en la investigación del Subcaso Costa Caribe II.
Entre las 604 víctimas identificadas por la Sala de Reconocimiento de Verdad, 31 eran indígenas de los pueblos Wiwa, Wayú y Kankuamo, 26 niños y niñas y 14 mujeres, incluyendo una en estado de embarazo. A la fecha, 122 víctimas aún no han sido identificadas.
